Es evidente que las nuevas tecnologías digitales y los usos sociales que éstas permiten desarrollar, tales como la distribución, el intercambio y la reproducción masiva de productos culturales, están acelerando un inevitable proceso de transformación de la base económica y la forma de organización de las industrias culturales. Y si estas transformaciones pueden orientarse hacia una mayor democratización de la producción y el consumo culturales, los efectos sociales serán mucho más positivos que los supuestos efectos económicos negativos. Y, sobre todo, si los usos sociales que las nuevas tecnologías digitales permiten desarrollar son perseguidos y criminalizados en defensa de los intereses de los grupos multimedia, ¿hasta qué punto seguirán declarándose «ilegales» unas prácticas culturales socialmente difundidas y compartidas por una gran mayoría de la población?






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